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¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Puede la información contenida en un expediente judicial ser utilizada como evidencia en otros casos en Paraguay?
La información contenida en un expediente judicial puede ser utilizada como evidencia en otros casos en Paraguay, siempre y cuando sea relevante y cumpla con las reglas de admisibilidad. Este proceso se conoce como "prueba documental" y puede ser parte importante de los procedimientos legales.
¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Qué es la Debida Diligencia y cuál es su importancia en Paraguay?
La Debida Diligencia se refiere al proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y transacciones. En Paraguay, es esencial para prevenir actividades ilícitas, garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
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