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¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la educación en Paraguay, como la contratación de docentes?
Sí, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el ámbito de la educación en Paraguay, especialmente en la contratación de docentes, donde se verifica la idoneidad y confiabilidad de los candidatos para trabajar con estudiantes.
¿Qué información se debe recopilar durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Durante el proceso de Debida Diligencia en Paraguay, se debe recopilar información sobre los clientes, incluyendo su nombre, dirección, fecha de nacimiento, ocupación, origen de los fondos y documentación de respaldo. Además, es necesario identificar y verificar a los beneficiarios finales de las transacciones. Esta información es esencial para evaluar el riesgo y prevenir actividades ilícitas.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de personas expuestas en comparación con otros países de la región?
El enfoque de Paraguay puede variar en comparación con otros países de la región, pero generalmente se centra en cumplir con los estándares internacionales y abordar los riesgos específicos relacionados con su contexto y sus instituciones financieras.
¿Cuál es la normativa en Paraguay en relación a la pensión alimentaria para adultos mayores?
En Paraguay, existe una normativa que permite solicitar una pensión alimentaria para adultos mayores en situaciones de necesidad económica, la cual puede ser demandada a los descendientes directos.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.
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