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¿Cuál es el plazo de vigencia de la cédula de identidad en Paraguay y cuál es el proceso de renovación?
La cédula de identidad en Paraguay tiene un plazo de vigencia de 10 años para los mayores de edad y 5 años para los menores de edad. El proceso de renovación implica acudir a la DGRECP, presentar los documentos requeridos y pagar la tarifa correspondiente para obtener una cédula renovada.
¿Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de KYC de sus clientes?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a realizar revisiones periódicas de KYC para garantizar que la información de los clientes siga siendo precisa y para detectar cualquier cambio que pueda indicar actividades sospechosas.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la orden de embargo en Paraguay?
El incumplimiento de una orden de embargo en Paraguay puede resultar en sanciones legales, como multas y, en última instancia, la incautación y venta de los bienes embargados para satisfacer la deuda. También puede tener un impacto negativo en el historial crediticio del deudor.
¿Qué medidas se toman para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos en Paraguay?
Para prevenir el fraude en la validación de identidad en trámites administrativos, se pueden utilizar medidas como la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, la comparación de fotografías y la utilización de sistemas de validación electrónica.
¿Cuáles son los recursos y guías disponibles para las instituciones financieras que desean cumplir con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden acceder a recursos y guías proporcionadas por SEPRELAD y otras autoridades competentes. Estos recursos ofrecen orientación detallada sobre cómo cumplir con las regulaciones y realizar la Debida Diligencia de manera efectiva.
¿Cómo se informa a las personas sobre la existencia de antecedentes judiciales en Paraguay?
Las personas pueden ser informadas sobre la existencia de sus antecedentes judiciales a través de solicitudes directas a las instituciones responsables, como el Poder Judicial o la Policía Nacional.
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