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¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Quiénes tienen acceso a los expedientes judiciales en Paraguay?
En general, los expedientes judiciales en Paraguay son accesibles para las partes involucradas en el caso, sus representantes legales, así como para jueces, funcionarios judiciales, y otras autoridades competentes. También puede haber restricciones y regulaciones específicas para el acceso a ciertos expedientes.
¿Cuáles son los delitos penales más comunes en Paraguay?
En Paraguay, los delitos penales más comunes incluyen el robo, el hurto, el tráfico de drogas, la violencia doméstica, el homicidio y el contrabando. La prevalencia de estos delitos puede variar a lo largo del tiempo y en diferentes regiones del país.
¿Cuál es el proceso legal típico para el enjuiciamiento de un delito penal en Paraguay?
El proceso legal típico para el enjuiciamiento de un delito penal en Paraguay implica la investigación policial, seguida de la presentación de pruebas ante el Ministerio Público. Luego, se lleva a cabo un juicio ante un tribunal de justicia, donde se determina la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Pueden los sujetos obligados en Paraguay delegar sus responsabilidades de AML a terceros?
Los sujetos obligados en Paraguay pueden delegar ciertas responsabilidades de AML a terceros, como proveedores de servicios de cumplimiento. Sin embargo, siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los terceros cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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