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¿Puede un ciudadano en Paraguay ser detenido o sancionado por no llevar consigo su cédula de identidad?
En Paraguay, se requiere que los ciudadanos lleven consigo su cédula de identidad y la presenten cuando las autoridades lo soliciten, como en controles de tráfico. No llevarla consigo podría resultar en sanciones, como multas o citaciones para verificar la identidad.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Cómo se protege la privacidad de los individuos durante la verificación de antecedentes en Paraguay?
La privacidad de los individuos se protege durante la verificación de antecedentes en Paraguay mediante la estricta confidencialidad de la información obtenida. Las autoridades y entidades que realizan estas verificaciones deben garantizar que la información sensible no sea divulgada de manera inapropiada y que se cumplan las leyes de protección de datos personales.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
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