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¿Se pueden realizar solicitudes de acceso a expedientes judiciales en línea en Paraguay?
Algunos tribunales en Paraguay han implementado sistemas en línea que permiten realizar solicitudes de acceso a expedientes judiciales de manera electrónica. Estos sistemas facilitan el proceso y promueven la transparencia en el acceso a la información.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de AML?
Para clientes extranjeros en Paraguay, se pueden requerir medidas adicionales, como la verificación de la fuente de fondos y la identificación de beneficiarios finales, para cumplir con las regulaciones de AML y garantizar la debida diligencia en la identificación de clientes.
¿Pueden los medios de comunicación acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
Los medios de comunicación pueden acceder a los expedientes judiciales en Paraguay en ciertos casos, pero su acceso puede estar sujeto a restricciones para proteger la privacidad y la integridad del proceso judicial. El acceso se rige por regulaciones específicas.
¿Cuál es el proceso para la revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay?
La revisión o modificación de las órdenes de visitas o custodia en Paraguay se puede solicitar ante el tribunal que emitió la orden original. Se deben presentar argumentos válidos y demostrar un cambio sustancial en las circunstancias para que el tribunal considere la modificación.
¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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