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¿Qué regula la transparencia y acceso a la información pública en Paraguay?
La Ley N° 5282/2014 regula la transparencia y el acceso a la información pública en Paraguay, promoviendo la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Cómo se valida la identidad de los viajeros en los controles de frontera y en el aeropuerto en Paraguay?
La identidad de los viajeros se valida en los controles de frontera y en el aeropuerto en Paraguay mediante la presentación de pasaportes válidos y otros documentos de identificación. Las autoridades de inmigración verifican la autenticidad de estos documentos antes de permitir la entrada o salida del país.
¿Qué se entiende por "personas expuestas" en Paraguay?
En Paraguay, el término "personas expuestas" se refiere a individuos que ocupan cargos públicos de alto nivel, incluidos funcionarios gubernamentales, políticos y otros, así como sus familiares cercanos. Estas personas pueden estar sujetas a regulaciones especiales debido a su posición.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
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