Artículos recomendados
¿Se pueden sellar o expurgar los antecedentes judiciales en Paraguay después de un período de tiempo?
En Paraguay, algunos registros judiciales pueden ser sellados o expurgados después de un período de tiempo, especialmente en casos de rehabilitación o cumplimiento de condenas. Los requisitos varían según la legislación aplicable.
¿Qué regulaciones aplican a las transacciones internacionales y los impuestos sobre la renta en Paraguay?
Las transacciones internacionales están reguladas por la Ley N° 5061/2013, que establece los requisitos y tasas para la retención de impuestos en transacciones transfronterizas.
¿Qué medidas toma la SET para garantizar la confidencialidad de la información de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET está obligada a mantener la confidencialidad de la información de los antecedentes fiscales y solo puede divulgarla en circunstancias permitidas por la ley.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de la identificación de los votantes en las elecciones en Paraguay?
En las elecciones en Paraguay, se toman medidas de seguridad para garantizar la identificación de los votantes, como la verificación de la cédula de identidad y la tinta indeleble para evitar la votación múltiple. Además, se cuenta con un sistema de registro de votantes para mantener un control riguroso sobre quiénes pueden votar.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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