Artículos recomendados
¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en cuanto al mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
El arrendador en Paraguay tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para el uso convenido. Esto incluye realizar reparaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y salud.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento sin causa justificada en Paraguay?
La capacidad del arrendador para negarse a renovar un contrato sin causa justificada depende de lo que se establezca en el contrato original. En general, si el contrato incluye una cláusula de renovación automática, el arrendador no puede negarse sin motivo válido.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con las reparaciones necesarias en la propiedad arrendada?
El arrendatario tiene derecho a notificar al arrendador sobre reparaciones necesarias en la propiedad. El arrendador está obligado a realizar reparaciones esenciales que afecten la habitabilidad de la propiedad.
¿Pueden los paraguayos condenados por un delito ser deportados de España?
Los paraguayos condenados por un delito en España pueden enfrentar la deportación después de cumplir su condena. La deportación se decide caso por caso y depende de la gravedad del delito y otras circunstancias.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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