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¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Qué pasa si el deudor no es local y reside en el extranjero en un caso de embargo en Paraguay?
En caso de que el deudor resida en el extranjero, el proceso de embargo puede ser más complejo. Se pueden seguir procedimientos de cooperación internacional y tratados de reciprocidad para asegurar la ejecución de la deuda.
¿Cómo se determina la división de bienes en caso de divorcio en Paraguay?
La división de bienes en caso de divorcio en Paraguay se rige por el régimen de bienes matrimoniales establecido en el contrato de matrimonio. Puede ser ganancial o separación de bienes, y el juez tomará en cuenta este acuerdo al decidir la división de bienes en el divorcio.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Cuál es la pena máxima por homicidio en Paraguay?
En Paraguay, la pena máxima por homicidio puede variar según las circunstancias y las leyes aplicables. En general, la pena máxima puede ser la cadena perpetua o una pena de prisión larga, dependiendo de si se considera un homicidio agravado o no.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
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