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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves de AML en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave de AML incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Qué medidas se toman para proteger los derechos de los niños en situaciones de conflicto familiar?
Para proteger los derechos de los niños en situaciones de conflicto familiar, Paraguay cuenta con leyes y medidas que priorizan el interés superior del niño, incluyendo la designación de tutores o curadores cuando sea necesario.
¿Qué regulaciones aplican a la contabilidad y auditoría en Paraguay?
La Ley N° 4.580/2012 y sus normativas reglamentarias regulan la contabilidad y auditoría en Paraguay, incluyendo la obligación de llevar registros precisos.
¿Qué derechos tienen los reclusos en Paraguay, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica?
Los reclusos en Paraguay tienen derechos, incluyendo el acceso a la educación y la atención médica adecuada. Las autoridades penitenciarias deben garantizar el respeto de estos derechos dentro de las instalaciones carcelarias.
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