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¿Cuál es el plazo típico para que los tribunales de Paraguay mantengan los expedientes judiciales archivados?
El plazo típico para que los tribunales de Paraguay mantengan los expedientes judiciales archivados puede variar, pero generalmente se conservan por un período de tiempo considerable después de la resolución del caso, con el propósito de preservar el registro histórico de la administración de justicia.
¿Qué papel juegan los oficiales de cumplimiento en el proceso de KYC en Paraguay?
Los oficiales de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Paraguay. Son responsables de supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de KYC en una institución financiera, así como de informar sobre actividades sospechosas a SEPRELAD.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la responsabilidad del arrendatario en relación con el pago de servicios públicos en Paraguay?
El arrendatario suele ser responsable del pago de servicios públicos como electricidad, agua y gas, a menos que el contrato establezca lo contrario. Es importante aclarar estas responsabilidades en el contrato.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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