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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Qué sucede si un contribuyente está en proceso de apelación o disputa con la SET en relación con sus antecedentes fiscales?
El proceso de apelación o disputa con la SET se reflejará en los antecedentes fiscales del contribuyente hasta que se resuelva la disputa.
¿Existen sanciones internacionales que afectan a las personas expuestas en Paraguay?
Sí, las sanciones internacionales pueden afectar a las personas expuestas en Paraguay si están relacionadas con actividades sancionadas. Paraguay cumple con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las sanciones impuestas por organismos internacionales en caso de incumplimiento.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica en el proceso de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden utilizar tecnologías de identificación biométrica, como huellas dactilares o reconocimiento facial, como parte de su proceso de KYC para fortalecer la autenticación de identidad.
¿Cuál es el plazo para retener registros laborales en Paraguay?
Los registros laborales en Paraguay generalmente deben ser retenidos durante al menos 5 años, según las regulaciones laborales, para permitir la auditoría y la supervisión por parte de las autoridades competentes.
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