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¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Qué protección se brinda a los denunciantes de irregularidades en procesos de selección en Paraguay?
La ley establece mecanismos de protección para los denunciantes de irregularidades, como la confidencialidad de la denuncia y la prohibición de represalias.
¿Pueden los empleadores en Paraguay realizar verificaciones de antecedentes de los solicitantes de empleo?
Sí, los empleadores en Paraguay pueden realizar verificaciones de antecedentes de los solicitantes de empleo como parte del proceso de selección de personal. Sin embargo, deben obtener el consentimiento del candidato antes de llevar a cabo esta verificación y deben cumplir con las regulaciones de protección de datos personales.
¿Qué medidas se toman para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad para prevenir el robo o el acceso no autorizado a registros de antecedentes penales en Paraguay, como la protección de sistemas de almacenamiento de datos y la limitación del acceso solo a personal autorizado.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con AML?
En Paraguay, las medidas de AML también se aplican para prevenir el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas. Esto incluye el monitoreo de transacciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el tráfico de drogas y la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay en casos de empleo?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de informes oficiales emitidos por instituciones autorizadas, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los empleadores suelen requerir copias certificadas de estos informes.
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