Artículos recomendados
¿Cuál es el proceso para revisar y actualizar políticas y procedimientos de Debida Diligencia en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo una revisión periódica de sus políticas y procedimientos de Débida Diligencia para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo. Esto implica identificar áreas de mejora, implementar cambios y capacitar a los empleados sobre las actualizaciones.
¿Cómo se abordan los conflictos laborales colectivos en Paraguay?
Los conflictos laborales colectivos en Paraguay se manejan a través de la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores. En caso de desacuerdo, pueden recurrir a la mediación y, en última instancia, a la huelga, sujeta a regulaciones específicas.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
SEPRELAD en Paraguay desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de las regulaciones de Debida Diligencia. Esta entidad es responsable de supervisar y regular el cumplimiento de las normativas, además de proporcionar orientación a las instituciones financieras y otros sujetos obligados. Trabaja en estrecha colaboración con ellos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Pueden los paraguayos votar en las elecciones españolas?
Los paraguayos que adquirieron la nacionalidad española pueden votar en las elecciones españolas. Los residentes legales en España también pueden votar en elecciones locales en algunas circunstancias.
¿Cuáles son las leyes que rigen el empleo de personas con discapacidades en Paraguay?
Paraguay tiene leyes que prohíben la discriminación laboral por razón de discapacidad y promueven la inclusión de personas con discapacidades en el mercado laboral. Los empleadores deben tomar medidas para facilitar la empleabilidad de estas personas.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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