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¿Qué leyes y regulaciones rigen el KYC en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones que rigen el KYC incluyen la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Paraguay en relación con la protección de su identidad y datos personales?
Los ciudadanos en Paraguay tienen derechos relacionados con la protección de su identidad y datos personales. Esto incluye el derecho a la privacidad, la confidencialidad de la información personal y la posibilidad de acceder y corregir sus datos personales según las leyes de protección de datos vigentes en el país.
¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación de los empleados en el cumplimiento de la Débida Diligencia en Paraguay?
La educación y capacitación de los empleados son fundamentales en el cumplimiento de la Debida Diligencia en Paraguay. Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación periódica a sus empleados para garantizar que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con las regulaciones y prevenir actividades ilegales.
¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?
La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.
¿Existen diferencias en el tratamiento de cómplices en delitos de corrupción en Paraguay?
En delitos de corrupción, los cómplices pueden enfrentar sanciones más severas en Paraguay, ya que estos delitos suelen ser considerados especialmente graves debido a su impacto en la sociedad.
¿Existen mecanismos de revisión y apelación para las sanciones impuestas a personas expuestas en Paraguay?
Sí, existen mecanismos de revisión y apelación que permiten a las personas expuestas impugnar las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. Esto garantiza que se respeta el debido proceso y se brinda la oportunidad de defenderse contra sanciones injustas.
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