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¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.
¿Qué sucede con la pensión alimentaria en caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagarla?
En caso de desempleo o incapacidad del progenitor que debe pagar la pensión alimentaria en Paraguay, se pueden solicitar modificaciones temporales o reducciones en los pagos al tribunal, siempre y cuando se justifique la situación y el bienestar del hijo se proteja.
¿Cuál es el papel de SEPRELAD en el cumplimiento de KYC en Paraguay?
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) en Paraguay es la entidad encargada de supervisar y regular el cumplimiento de las leyes y regulaciones de KYC. Trabaja en colaboración con las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Pueden los paraguayos acceder a la educación pública en España?
Los paraguayos residentes en España tienen derecho a acceder a la educación pública en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles. Esto incluye la educación básica y secundaria, así como la posibilidad de estudios superiores.
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