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¿Cuál es la legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay?
La legislación principal que rige los delitos penales en Paraguay incluye el Código Penal Paraguayo, que establece los delitos, las penas y los procedimientos legales aplicables a nivel nacional. Además, existen leyes y regulaciones específicas para delitos particulares, como el tráfico de drogas.
¿Existen limitaciones de tiempo para la cobranza de deudas fiscales en Paraguay?
Sí, existen plazos de prescripción que establecen un límite de tiempo para la cobranza de deudas fiscales, pero estos plazos varían según el tipo de impuesto y la situación específica.
¿Cómo se regula la tercerización laboral (outsourcing) en Paraguay?
La tercerización laboral, o outsourcing, está sujeta a regulaciones específicas en Paraguay para evitar abusos. Los trabajadores subcontratados tienen derechos y protecciones laborales, y los empleadores deben cumplir con ciertos requisitos legales.
¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en cuanto al mantenimiento de la propiedad arrendada en Paraguay?
El arrendador en Paraguay tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para el uso convenido. Esto incluye realizar reparaciones necesarias y garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y salud.
¿Qué medidas de seguridad se aplican a la información financiera y personal proporcionada por personas expuestas en Paraguay?
La información financiera y personal proporcionada por personas expuestas está sujeta a medidas de seguridad y confidencialidad para protegerla de accesos no autorizados y garantizar su integridad. Esto puede incluir la encriptación de datos y el acceso limitado a personas autorizadas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
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