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¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios en Paraguay?
Se implementan medidas de seguridad y regulaciones para garantizar la confidencialidad de los registros de antecedentes disciplinarios y proteger la privacidad de los individuos involucrados.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de AML entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de AML entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Se pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes en transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos?
En ciertas transacciones comerciales, como la concesión de préstamos o arrendamientos, las verificaciones de antecedentes pueden ser realizadas para evaluar la solvencia y confiabilidad de los solicitantes.
¿Puede un ciudadano común solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay?
Los ciudadanos comunes pueden solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay, pero su solicitud puede estar sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades judiciales. Esto se hace para evitar el uso indebido de la información.
¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
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