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¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.
¿Puede un ciudadano común acceder a información pública sobre las declaraciones de bienes de personas expuestas en Paraguay?
En algunos casos, un ciudadano común puede acceder a información pública sobre las declaraciones de bienes de personas expuestas en Paraguay, lo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, esta información puede estar sujeta a ciertas restricciones y regulaciones.
¿Qué responsabilidades tiene un empleador en Paraguay en cuanto a la seguridad laboral de sus empleados?
Los participantes en Paraguay tienen la responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, implementando medidas de seguridad y brindando capacitación adecuada para prevenir accidentes y enfermedades laborales.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser excluidas de ciertos cargos públicos si se demuestra su implicación en actividades ilegales?
Sí, si se demuestra que las personas expuestas están involucradas en actividades ilegales, pueden ser excluidas de ciertos cargos públicos como consecuencia de las sanciones y procesos legales correspondientes. Esta medida busca garantizar la integridad en el servicio público.
¿Cuáles son las sanciones por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay?
El incumplimiento de las regulaciones de AML en Paraguay puede dar lugar a sanciones legales y administrativas, multas y la posible revocación de licencias para operar. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar daños a su reputación y pérdida de clientes.
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