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¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?
En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.
¿Qué es el derecho a la defensa legal en Paraguay y cuándo es obligatorio?
El derecho a la defensa legal en Paraguay es fundamental y garantiza que las partes tengan representación legal en procesos judiciales. Es obligatorio en casos penales y en situaciones en las que se puedan imponer sanciones graves.
¿Cómo se establecen las obligaciones de manutención de los hijos cuando los padres viven en diferentes países?
Cuando los padres viven en diferentes países, las obligaciones de manutención de los hijos se rigen por convenios internacionales y acuerdos de reciprocidad, lo que permite la cooperación entre las autoridades de ambos países para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención.
¿Cuáles son las sanciones específicas para los individuos que no cumplen con las regulaciones de Debida Diligencia en Paraguay?
Las sanciones para los individuos que no cumplan con las regulaciones de Debida Diligencia pueden incluir multas, inhabilitación para trabajar en el sector financiero y la posibilidad de enfrentar cargos penales en casos graves de incumplimiento. También pueden tener su reputación dañada y enfrentar dificultades en futuras oportunidades laborales.
¿Cuáles son los derechos y garantías de los candidatos en los procesos de selección de personal en Paraguay?
Los candidatos en los procesos de selección de personal en Paraguay tienen derechos y garantías que incluyen la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la confidencialidad de su información personal y el acceso a información sobre el proceso de selección. También tienen derecho a impugnar decisiones injustas o discriminatorias.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
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