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¿Cuál es la duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay?
La duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay puede variar, pero generalmente tiene una validez de seis meses a un año. Los empleadores u otras partes interesadas suelen requerir certificados actualizados para tomar decisiones basadas en la información más reciente.
¿Puede un ciudadano común solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay?
Los ciudadanos comunes pueden solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay, pero su solicitud puede estar sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades judiciales. Esto se hace para evitar el uso indebido de la información.
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Cuál es el proceso para la revisión de antecedentes fiscales en caso de errores o discrepancias en Paraguay?
En caso de errores o discrepancias, los contribuyentes pueden solicitar la revisión de sus antecedentes fiscales y presentar documentación de respaldo a la SET.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Paraguay?
El plazo de conservación de los antecedentes judiciales varía según el tipo de caso y la legislación aplicable en Paraguay. Algunos registros pueden mantenerse durante años, mientras que otros pueden ser eliminados o sellados después de cierto tiempo.
¿Cuál es el proceso para la revisión y auditoría de antecedentes fiscales en Paraguay?
La SET puede llevar a cabo revisiones y auditorías de los antecedentes fiscales para verificar el cumplimiento, y los contribuyentes tienen derecho a presentar pruebas y alegatos durante el proceso.
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