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¿Qué legislación regula los expedientes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, la legislación que regula los expedientes judiciales se encuentra principalmente en el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley N° 834/96 de Organización Judicial, y otras leyes y reglamentaciones relacionadas con la administración de justicia. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para la creación, gestión y acceso a los expedientes judiciales.
¿Pueden los candidatos ser sometidos a pruebas de salud como parte del proceso de selección en Paraguay?
Los obstáculos en Paraguay pueden requerir pruebas de salud como parte del proceso de selección, especialmente en trabajos que implican riesgos para la salud y seguridad. Sin embargo, estas pruebas deben cumplir con las regulaciones específicas y respetar la privacidad del candidato.
¿Cuál es el proceso de identificación y verificación de clientes que son personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay?
Las personas políticamente expuestas (PPE) en Paraguay son sujetas a una debida diligencia más intensiva. Las instituciones financieras deben identificar a las PPE, verificar su identidad y realizar un seguimiento continuo de su actividad. Esto es para prevenir el riesgo de corrupción y lavado de dinero.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en Paraguay y cómo se relaciona con los procesos judiciales?
El Ministerio Público en Paraguay es la entidad encargada de investigar y presentar acusaciones en casos penales. Trabaja en estrecha colaboración con el Poder Judicial, pero actúa de manera independiente en su función de fiscalía.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los contribuyentes en Paraguay en relación con sus deudas fiscales?
Los contribuyentes tienen el derecho de impugnar y apelar las decisiones de la SET, así como la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar información precisa.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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