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¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay realizar transacciones con entidades extranjeras sin requerir Debida Diligencia?
En general, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo a cabo Debida Diligencia en las transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, el nivel de Debida Diligencia puede variar según el riesgo percibido. En algunos casos, se pueden aplicar procedimientos simplificados, pero la Debida Diligencia es una obligación constante.
¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?
En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.
¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños durante el contrato en Paraguay?
En caso de daños a la propiedad arrendada, las partes deben seguir lo establecido en el contrato. El arrendador generalmente es responsable de las reparaciones mayores, mientras que el arrendatario puede ser responsable de daños causados por negligencia.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras al tratar con personas expuestas?
Las instituciones financieras deben realizar un proceso de debida diligencia que implica verificar la identidad de las personas expuestas, evaluar los riesgos y monitorear las transacciones de manera constante. Esto ayuda a prevenir el abuso de cuentas y transacciones financieras.
¿Puede un ciudadano común solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay?
Los ciudadanos comunes pueden solicitar el acceso a expedientes judiciales para fines de investigación o estudio en Paraguay, pero su solicitud puede estar sujeta a revisión y aprobación por parte de las autoridades judiciales. Esto se hace para evitar el uso indebido de la información.
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