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¿Cuáles son las circunstancias en las que se suele requerir la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes se suele requerir en una variedad de situaciones en Paraguay, incluyendo la contratación de empleados, la solicitud de licencias o permisos, la adopción de menores, la obtención de visas para viajar al extranjero y en procedimientos judiciales como parte de la investigación de delitos. También puede ser necesaria en procesos de selección de personal y trámites legales.
¿Cuál es el procedimiento para la adopción internacional en Paraguay?
La adopción internacional en Paraguay sigue un proceso legal que incluye requisitos estrictos para los adoptantes extranjeros. Esto busca garantizar que los niños sean adoptados por familias adecuadas y que se cumplan los convenios internacionales sobre adopción.
¿Cuáles son las obligaciones de las personas expuestas en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay tienen la obligación de informar y cooperar en la prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Esto incluye la presentación de declaraciones de bienes y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para estas personas.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de KYC entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de KYC entre ellas con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable.
¿Puede un expediente judicial ser modificado o enmendado después de su creación en Paraguay?
En Paraguay, un expediente judicial generalmente no puede ser modificado o enmendado después de su creación, ya que se busca mantener un registro fiel de los eventos judiciales tal como ocurrieron. Sin embargo, en casos excepcionales, se pueden agregar documentos adicionales.
¿Pueden los informantes de transacciones sospechosas enfrentar represalias en Paraguay?
La ley de AML en Paraguay prohíbe cualquier represalia contra informantes de transacciones sospechosas. Los informantes están protegidos y se mantienen su confidencialidad. Cualquier represalia puede resultar en sanciones legales y administrativas.
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