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¿Cuál es el tratamiento legal de los refugiados y solicitantes de asilo en Paraguay?
Paraguay reconoce la condición de refugiado y tiene un procedimiento para solicitar asilo. Los refugiados y solicitantes de asilo están protegidos por tratados internacionales y la legislación nacional.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de entidades legales en el marco de la Débida Diligencia?
Para prevenir el abuso de entidades legales en Paraguay en el marco de la Débida Diligencia, se exige una mayor transparencia en la identificación de beneficiarios finales. Las regulaciones buscan evitar que las entidades legales se utilicen como fachadas para actividades ilegales, asegurando que se conozca la verdadera propiedad y control de dichas entidades.
¿Pueden los contribuyentes en Paraguay solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET?
Sí, los contribuyentes pueden solicitar la revisión administrativa de las decisiones de la SET, que implica una segunda evaluación de la resolución fiscal.
¿Qué restricciones existen para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay?
Las restricciones para la divulgación de información personal de los empleados en Paraguay varían según la legislación de protección de datos personales y deben cumplirse para proteger la privacidad de los individuos.
¿Qué agencias gubernamentales en Paraguay participan en la recopilación y gestión de información de antecedentes penales?
Varias agencias gubernamentales en Paraguay, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, participan en la recopilación y gestión de información de antecedentes penales. Cada una tiene un rol específico en este proceso.
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