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¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Cómo se abordan los casos de violencia de género y violencia doméstica en el sistema judicial de Paraguay?
Los casos de violencia de género y violencia doméstica se abordan a través de leyes y tribunales especializados en Paraguay. Se busca proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
¿Puede un ciudadano en Paraguay impugnar una decisión que afecte su identidad o la validez de sus documentos de identificación?
Sí, los ciudadanos en Paraguay tienen el derecho de impugnar decisiones que afecten su identidad o la validez de sus documentos de identificación. Pueden presentar reclamos y apelaciones ante las autoridades correspondientes.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay en casos de empleo?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de informes oficiales emitidos por instituciones autorizadas, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los empleadores suelen requerir copias certificadas de estos informes.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Puede un empleador en Paraguay discriminar a un candidato basado en su historial crediticio?
En Paraguay, la discriminación basada en el historial crediticio está prohibida por la Constitución Nacional y otras leyes antidiscriminación. Los parámetros no deben tomar decisiones de empleo basadas únicamente en el historial crediticio.
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