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¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones?
Se aplica de seguridad y protección de datos en Paraguay para prevenir el uso indebido de información de Debida Diligencia y protegerla de posibles filtraciones o medidas no autorizadas. Las instituciones financieras deben seguir las regulaciones de protección de datos vigentes para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Puede un individuo impugnar o apelar la inclusión de un registro en sus antecedentes judiciales en Paraguay?
Sí, un individuo tiene el derecho de impugnar o apelar la inclusión de un registro en sus antecedentes judiciales en Paraguay si considera que la información es incorrecta o inexacta. Puede seguir procedimientos legales para hacerlo.
¿Puede un expediente judicial ser modificado o enmendado después de su creación en Paraguay?
En Paraguay, un expediente judicial generalmente no puede ser modificado o enmendado después de su creación, ya que se busca mantener un registro fiel de los eventos judiciales tal como ocurrieron. Sin embargo, en casos excepcionales, se pueden agregar documentos adicionales.
¿Qué sanciones pueden aplicarse a las personas jurídicas en caso de deudas fiscales en Paraguay?
Las sanciones pueden incluir multas, el embargo de bienes, la cancelación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado.
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