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¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
¿Existen restricciones en la recopilación de información personal de los empleados en Paraguay?
Sí, en Paraguay existen restricciones legales en la recopilación y el uso de información personal de los empleados. Es importante cumplir con la ley de protección de datos personales y respetar la privacidad de los empleados.
¿Qué recursos y canales de denuncia están disponibles para informar sobre actividades sospechosas de las personas expuestas en Paraguay?
En Paraguay, existen canales de denuncia y recursos disponibles para informar sobre actividades sospechosas de las personas expuestas. Esto incluye la posibilidad de denunciar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras autoridades competentes, que investigarán las denuncias de conformidad con la ley.
¿Existen programas de incentivos para el cumplimiento normativo en Paraguay?
Algunas regulaciones pueden ofrecer incentivos para las organizaciones que cumplen con las normativas, como reducción de multas o beneficios fiscales.
¿Puede el arrendador negarse a renovar un contrato de arrendamiento sin causa justificada en Paraguay?
La capacidad del arrendador para negarse a renovar un contrato sin causa justificada depende de lo que se establezca en el contrato original. En general, si el contrato incluye una cláusula de renovación automática, el arrendador no puede negarse sin motivo válido.
¿Cómo se establecen las visitas y la custodia en casos de familias con hijos de distintas relaciones?
En casos de familias con hijos de distintas relaciones, las visitas y la custodia se determinan considerando el interés superior de cada niño. Esto puede resultar en acuerdos específicos para cada menor y la toma de decisiones judiciales individualizadas.
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