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¿Qué disposiciones existen para la protección de datos personales en los antecedentes fiscales en Paraguay?
Las disposiciones sobre la protección de datos personales están regidas por la Ley N° 1682/2001 en Paraguay y establecen medidas para garantizar la confidencialidad de la información.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el contexto de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes, lo que permite colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Identificar y reportar transacciones sospechosas es una parte fundamental de la Debida Diligencia.
¿Qué sucede si una persona tiene antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay?
En caso de antecedentes judiciales contradictorios en diferentes jurisdicciones en Paraguay, las autoridades pueden evaluar los registros en función de la relevancia y las circunstancias específicas.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay rechazar a un cliente calculando en el resultado de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden rechazar a un cliente si el resultado de KYC revela información que indica actividades sospechosas o si el cliente no proporciona la documentación requerida para la debida diligencia.
¿Es obligatorio llevar a cabo la verificación de antecedentes penales de los candidatos en Paraguay?
No existe una obligación legal específica de verificar los antecedentes penales de los candidatos en Paraguay, pero muchos beneficios optan por hacerlo para asegurar la idoneidad de sus empleados.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay ser excluidas de ciertos cargos públicos si se demuestra su implicación en actividades ilegales?
Sí, si se demuestra que las personas expuestas están involucradas en actividades ilegales, pueden ser excluidas de ciertos cargos públicos como consecuencia de las sanciones y procesos legales correspondientes. Esta medida busca garantizar la integridad en el servicio público.
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