Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay rechazar a un cliente calculando en el resultado de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden rechazar a un cliente si el resultado de KYC revela información que indica actividades sospechosas o si el cliente no proporciona la documentación requerida para la debida diligencia.
¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes judiciales son incorrectos o desactualizados en Paraguay?
Las personas tienen el derecho de impugnar cualquier información incorrecta o desactualizada en sus antecedentes judiciales en Paraguay. Pueden presentar solicitudes para corregir o actualizar la información, y el Poder Judicial evaluará el caso.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento de la Debida Diligencia y la regulación de privacidad de datos en Paraguay?
El cumplimiento de la Debida Diligencia y la regulación de privacidad de datos en Paraguay deben ser compatibles. Es esencial proteger la información recopilada durante el proceso de Debida Diligencia y garantizar que se cumplan las leyes de protección de datos para respetar la privacidad de los individuos.
¿Qué papel desempeña la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en la verificación de personal en el sector de las telecomunicaciones en Paraguay?
La CONATEL no está directamente relacionada con la verificación de personal en el sector de las telecomunicaciones en Paraguay. La verificación de antecedentes puede ser requerida por empleadores en este sector de manera independiente.
¿Qué regulaciones existen para la prevención del soborno y la corrupción en el sector privado en Paraguay?
La Ley N° 5.249/2014 establece regulaciones para prevenir el soborno y la corrupción en el sector privado y responsabiliza a las personas jurídicas por ciertas conductas ilícitas.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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