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¿Cuál es el proceso para iniciar un embargo en Paraguay?
El proceso de embargo en Paraguay comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente, solicitando la ejecución de la deuda. El tribunal evaluará la situación y, si se concede, emitirá una orden de embargo.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la UAF?
Sí, las personas expuestas en Paraguay tienen el derecho de impugnar las decisiones o sanciones impuestas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pueden presentar recursos y apelaciones ante las autoridades correspondientes en caso de desacuerdo con las medidas adoptadas.
¿Puede un empleador en Paraguay tomar decisiones de empleo basadas únicamente en antecedentes judiciales?
En Paraguay, un empleador puede considerar los antecedentes judiciales de un candidato, pero no debe tomar decisiones basadas únicamente en esta información. Debe considerar otros factores y cumplir con la legislación laboral.
¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes en Paraguay?
La verificación de antecedentes en Paraguay está regulada por varias leyes y regulaciones, incluyendo el Código Procesal Penal, la Ley N° 2338/2003 de la Policía Nacional, y otras disposiciones legales que rigen la obtención y uso de información relacionada con antecedentes penales. Estas leyes establecen los procedimientos y limitaciones para llevar a cabo la verificación de antecedentes.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Cuáles son las sanciones más comunes impuestas a personas expuestas en Paraguay por incumplimiento de las regulaciones?
Las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y, en casos graves, procesos judiciales por lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza y del alcance del incumplimiento.
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