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¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Qué diferencia existe entre el autor principal y el cómplice en la comisión de un delito en Paraguay?
El autor principal es la persona que comete directamente el delito, mientras que el cómplice es aquel que colabora o ayuda de alguna manera en la comisión del delito.
¿Puede una persona solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay?
Sí, una persona tiene el derecho de solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal correspondiente y proporcionando pruebas que respalden la corrección necesaria.
¿Qué protecciones legales existen para las víctimas de violencia doméstica en Paraguay?
En Paraguay, existen leyes y medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica. Esto incluye órdenes de alejamiento, refugios para mujeres maltratadas y procedimientos legales que buscan garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas.
¿Existen convenios internacionales que regulen la verificación de antecedentes para personas que deseen viajar a Paraguay desde otros países?
Paraguay puede celebrar convenios internacionales para regular la verificación de antecedentes de personas que deseen viajar al país desde otros países. Estos convenios pueden incluir acuerdos bilaterales o multilaterales sobre el intercambio de información de antecedentes para fines de inmigración y seguridad.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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