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¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la regulación de las personas expuestas en Paraguay?
Las instituciones financieras desempeñan un papel fundamental en la regulación de las personas expuestas al informar transacciones sospechosas, cumplir con las regulaciones de debida diligencia y cooperar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
¿Qué sucede si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio en Paraguay?
Si un cómplice decide cooperar con la justicia durante el juicio, puede proporcionar información relevante que ayude a resolver el caso y, en algunos casos, se considerará como un factor atenuante en su sentencia.
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay?
Para garantizar la confidencialidad de las verificaciones de antecedentes en Paraguay, se implementan medidas como la restricción del acceso a la información solo a personal autorizado y la protección de bases de datos con sistemas de seguridad informática.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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