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¿Cuál es el proceso de informar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML?
Para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben completar un formulario de informe y enviarlo a SEPRELAD, describiendo la transacción sospechosa y proporcionando detalles relevantes.
¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en el cumplimiento de AML en Paraguay?
Los notarios y escribanos en Paraguay tienen un papel importante en el cumplimiento de AML al autenticar transacciones y documentos legales. Deben verificar la identidad de las partes involucradas y reportar cualquier actividad sospechosa.
¿Cuál es el proceso de revisión de KYC en caso de clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay?
Los clientes que realizan transacciones internacionales en Paraguay pueden estar sujetos a una revisión de KYC más exhaustiva, que incluye la verificación de la fuente y destino de los fondos, así como la identificación de beneficiarios finales.
¿Cuáles son los derechos del arrendatario en caso de que el arrendador venda la propiedad arrendada en Paraguay?
En caso de venta de la propiedad arrendada, el arrendatario generalmente tiene el derecho de continuar ocupando la propiedad bajo los mismos términos del contrato, a menos que se acuerde algo diferente. Este derecho está sujeto a regulaciones específicas.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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