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¿Existen mecanismos de revisión y apelación para las sanciones impuestas a personas expuestas en Paraguay?
Sí, existen mecanismos de revisión y apelación que permiten a las personas expuestas impugnar las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. Esto garantiza que se respeta el debido proceso y se brinda la oportunidad de defenderse contra sanciones injustas.
¿Cuáles son las leyes generales que rigen la verificación de personal en Paraguay?
En Paraguay, la verificación de personal está regulada principalmente por la Constitución Nacional, el Código Laboral y otras leyes relacionadas con el empleo y la protección de los derechos laborales.
¿Pueden las instituciones financieras tercerizar el proceso de KYC en Paraguay?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden tercerizar ciertos aspectos del proceso de KYC, pero siguen siendo responsables del cumplimiento y deben asegurarse de que los proveedores externos cumplan con las regulaciones y normativas aplicables.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir la falsificación de documentos durante el proceso de KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras implementan medidas de seguridad, como la verificación de autenticidad de documentos, para prevenir la falsificación. Además, pueden consultar bases de datos nacionales e internacionales para confirmar la información proporcionada.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
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