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¿Cómo se manejan las cuentas de alto riesgo en Paraguay en el contexto de AML?
Las cuentas de alto riesgo en Paraguay requieren una mayor diligencia debida en el marco de AML. Las instituciones financieras deben aplicar procedimientos de verificación adicionales y un monitoreo más riguroso para garantizar que no se utilicen para actividades ilícitas.
¿Se requiere que las empresas presenten informes de cumplimiento normativo en Paraguay?
En algunos casos, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de cumplimiento normativo, dependiendo de las regulaciones específicas a las que estén sujetas.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay?
Sí, en caso de cambios en las leyes y regulaciones de Paraguay relacionadas con AML, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben revisar y adaptar sus políticas y procedimientos de AML para cumplir con las nuevas regulaciones y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el proceso de regulación de personas expuestas en Paraguay?
Para garantizar la imparcialidad y la objetividad, se establecerán procesos transparentes, se fomentará la rendición de cuentas y se brindará la oportunidad de apelación en caso de sanciones. Además, las autoridades deben actuar de acuerdo con la ley y el debido proceso en todas las etapas de la regulación.
¿Cómo se manejan los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay?
Los casos de acoso laboral o discriminación en el proceso de selección de personal en Paraguay se pueden denunciar ante la Secretaría Nacional de la Función Pública (SNFP) o la autoridad correspondiente. El SNFP tiene un papel importante en la prevención y sanción de prácticas discriminatorias en la administración pública.
¿Cuál es la edad mínima para que un menor pueda ser escuchado en un proceso de familia en Paraguay?
En Paraguay, un menor puede ser escuchado en un proceso de familia a partir de los 12 años, si el juez lo considera necesario para proteger sus intereses.
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