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¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
¿Cuál es el plazo para la prescripción de deudas fiscales en relación con los antecedentes fiscales en Paraguay?
El plazo de prescripción de deudas fiscales puede variar según el tipo de impuesto y la situación, pero generalmente es de cinco años a partir del vencimiento de la obligación fiscal.
¿Se pueden llevar a cabo verificaciones de antecedentes para la adquisición de armas de fuego en Paraguay?
Sí, las verificaciones de antecedentes son un requisito para la adquisición de armas de fuego en Paraguay. Los solicitantes deben demostrar que no tienen antecedentes penales que les impidan poseer un arma de fuego de acuerdo con la legislación vigente.
¿Cómo se utilizan los resultados de las verificaciones de antecedentes en procedimientos judiciales en Paraguay?
Los resultados de las verificaciones de antecedentes pueden ser utilizados como evidencia en procedimientos judiciales en Paraguay. Esto puede incluir el uso de antecedentes penales como parte de la argumentación en casos penales o civiles, y puede influir en las decisiones judiciales.
¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se determina en Paraguay?
La patria potestad compartida implica que ambos padres comparten la toma de decisiones importantes sobre sus hijos. En Paraguay, se fomenta cuando es beneficioso para el menor, y el juez puede tomar esa decisión en el interés del niño.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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