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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la prevención de lavado de dinero en Paraguay?
En Paraguay, la Ley N° 1.015/1997 y sus modificaciones posteriores regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman en Paraguay para prevenir el abuso de las estructuras corporativas en el marco de la Debida Diligencia?
Para prevenir el abuso de las estructuras corporativas, se exige la identificación de beneficiarios finales. Esto asegura que las entidades legales no se utilizan para ocultar la verdadera propiedad o control, evitando así el abuso de dichas estructuras para actividades ilícitas o el lavado de dinero.
¿Cuál es la responsabilidad de los auditores internos en el proceso de AML en instituciones financieras en Paraguay?
Los auditores internos en instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de evaluar y revisar el cumplimiento de AML en la organización. Deben llevar a cabo auditorías internas periódicas y proporcionar informes sobre el estado de cumplimiento a la alta dirección ya SEPRELAD.
¿Cómo se manejan los expedientes judiciales en casos de apelación en Paraguay?
En casos de apelación en Paraguay, los expedientes judiciales se envían al tribunal de apelación correspondiente para su revisión. Esto implica la transmisión de la documentación y actuaciones relacionadas con el caso original al nuevo tribunal para su análisis.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Pueden los clientes en Paraguay impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC?
Sí, los clientes en Paraguay tienen el derecho de impugnar o corregir la información recopilada durante el proceso de KYC si consideran que es incorrecta o perjudicial. Las instituciones financieras deben contar con mecanismos para atender estas solicitudes y rectificar la información si es necesario.
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