Artículos recomendados
¿Se requiere la revisión periódica de la información de los clientes en Paraguay en el marco de la Debida Diligencia?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben llevar a cabo revisiones periódicas de la información de los clientes como parte de la Debida Diligencia continua. Esto garantiza que la información se mantiene actualizada y que cualquier cambio en la situación del cliente se identifique y se tome en cuenta en el cumplimiento de las regulaciones.
¿Pueden las personas expuestas en Paraguay solicitar una revisión confidencial de su situación financiera?
Sí, las personas expuestas pueden solicitar una revisión confidencial de su situación financiera en casos específicos. Esto puede ser parte de los procedimientos para garantizar que la información se maneje de manera justa y precisa.
¿Se requiere la revisión de AML en caso de cambio de beneficiario final de una entidad legal en Paraguay?
Sí, en caso de un cambio en el beneficiario final de una entidad legal en Paraguay, se requiere una revisión de AML para identificar y verificar al nuevo beneficiario final. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso de debida diligencia debida y prevenir actividades ilegales.
¿Existen consecuencias por tener antecedentes fiscales negativos en Paraguay?
Sí, tener antecedentes fiscales negativos puede afectar la capacidad de realizar ciertas transacciones comerciales y puede resultar en sanciones o penalizaciones fiscales adicionales.
¿Cuáles son los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio en Paraguay?
Los hijos nacidos fuera del matrimonio en Paraguay tienen los mismos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio, incluyendo el derecho a heredar y a ser mantenidos por sus padres. La ley paraguaya no distingue entre estos dos grupos.
¿Qué legislación regula a las personas expuestas en Paraguay?
La legislación que regula a las personas expuestas en Paraguay incluye la Ley N° 2422/2004, conocida como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y de Bienes. Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de estas personas en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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