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¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de solicitud de asistencia legal para paraguayos en España?
Los paraguayos que necesitan asistencia legal en España pueden buscar la ayuda de abogados y organizaciones de apoyo a inmigrantes. También pueden contactar con el consulado de Paraguay en España para obtener información y orientación.
¿Puede el público en general acceder a los expedientes judiciales en Paraguay?
El acceso del público en general a los expedientes judiciales en Paraguay puede ser limitado y está sujeto a regulaciones específicas. Sin embargo, en algunos casos, se pueden proporcionar versiones públicas de expedientes, que contienen información no confidencial y están disponibles para consulta.
¿Puede una persona solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay?
Sí, una persona tiene el derecho de solicitar la rectificación de información incorrecta en su expediente judicial en Paraguay. Esto se hace presentando una solicitud al tribunal correspondiente y proporcionando pruebas que respalden la corrección necesaria.
¿Cuál es el tratamiento legal de los refugiados y solicitantes de asilo en Paraguay?
Paraguay reconoce la condición de refugiado y tiene un procedimiento para solicitar asilo. Los refugiados y solicitantes de asilo están protegidos por tratados internacionales y la legislación nacional.
¿Cuál es el plazo para retener los registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las instituciones financieras están obligadas a retener registros y documentación relacionada con la Debida Diligencia durante un período específico, que generalmente es de al menos cinco años. Esto es necesario para cumplir con las regulaciones y permitir auditorías e investigaciones futuras.
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