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¿Qué es la legítima defensa y cómo se aplica en Paraguay?
La legítima defensa es una exención de responsabilidad penal que se aplica cuando una persona actúa para proteger su vida, integridad física o propiedad contra una amenaza real e inminente. En Paraguay, la legítima defensa se reconoce en la legislación y puede ser un argumento en un juicio penal.
¿Cuáles son los derechos laborales fundamentales en Paraguay?
Los derechos laborales fundamentales en Paraguay incluyen el derecho a un salario mínimo, la jornada laboral, las vacaciones pagadas, la seguridad en el trabajo y la protección contra la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.
¿Qué procedimientos se siguen para el registro y gestión de expedientes judiciales en el ámbito penal en Paraguay?
En el ámbito penal de Paraguay, los expedientes judiciales se registran y gestionan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal. Esto incluye la asignación de un número de expediente único y la documentación de todas las actuaciones relevantes.
¿Qué medidas se toman para evitar el uso no autorizado de la información de identidad y datos personales en Paraguay?
En Paraguay, se implementan medidas de seguridad, como contraseñas, autenticación de dos factores y la encriptación de datos, para evitar el uso no autorizado de la información de identidad y datos personales. Las instituciones y entidades que manejan esta información deben seguir prácticas seguras y cumplir con las leyes de protección de datos.
¿Qué pasa con los bienes comunes en un matrimonio en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges en Paraguay?
En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges en Paraguay, los bienes comunes se distribuyen de acuerdo con el régimen de bienes matrimoniales establecido en el contrato de matrimonio. Si no hay un acuerdo, se aplican las normativas del Código Civil.
¿Cuál es el proceso para la disolución de la patria potestad en Paraguay y bajo qué circunstancias?
La disolución de la patria potestad en Paraguay es un proceso legal que debe ser solicitado y aprobado por un juez. Se puede considerar en casos de abandono, maltrato u otras circunstancias graves que pongan en riesgo el bienestar del menor.
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