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¿Cómo se aplican las regulaciones de Debida Diligencia a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay también están sujetas a regulaciones de Debida Diligencia. Deben identificar y verificar a sus clientes, realizar debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes judiciales en Paraguay?
Los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas criminales, mientras que los antecedentes judiciales pueden incluir información sobre litigios civiles y otros procesos legales.
¿Cuál es la legislación principal que regula el cumplimiento normativo en Paraguay?
En Paraguay, la legislación principal que regula el cumplimiento normativo incluye la Ley N° 2.957/2006 de Contrataciones Públicas y otras normativas relacionadas.
¿Cuál es el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en caso de cambios en la situación civil, como el divorcio?
En caso de cambios en la situación civil, como el divorcio, el proceso para actualizar la información en la cédula de identidad en Paraguay implica presentar documentación legal que respalde el cambio, como una sentencia de divorcio. La DGRECP verificará la documentación antes de realizar la actualización.
¿Qué procedimientos se siguen para el registro y gestión de expedientes judiciales en el ámbito penal en Paraguay?
En el ámbito penal de Paraguay, los expedientes judiciales se registran y gestionan de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal. Esto incluye la asignación de un número de expediente único y la documentación de todas las actuaciones relevantes.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay en casos de empleo?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Paraguay se verifica a través de informes oficiales emitidos por instituciones autorizadas, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. Los empleadores suelen requerir copias certificadas de estos informes.
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