Artículos recomendados
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de un cliente en el marco de la Débida Diligencia en Paraguay?
El nivel de riesgo de un cliente en Paraguay se determina evaluando factores como su perfil, su historial, la naturaleza de la transacción y la jurisdicción en la que opera. Las instituciones financieras utilizan procedimientos de evaluación de riesgos para determinar el nivel de Debida Diligencia requerida para cada cliente y transacción.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de AML?
Para clientes extranjeros en Paraguay, se pueden requerir medidas adicionales, como la verificación de la fuente de fondos y la identificación de beneficiarios finales, para cumplir con las regulaciones de AML y garantizar la debida diligencia en la identificación de clientes.
¿Qué medidas se toman para fomentar la cultura de cumplimiento normativo en Paraguay?
Se promueve la cultura de cumplimiento normativo a través de campañas de concientización, capacitación y la promoción de buenas prácticas empresariales en Paraguay.
¿Cuál es el proceso para reportar transacciones sospechosas en Paraguay en el marco del KYC?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben informar a la SEPRELAD sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Existe un procedimiento específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores.
¿Qué es un embargo y cuándo se aplica en Paraguay?
El embargo es una medida legal que permite asegurar el cumplimiento de una obligación financiera. En Paraguay, se aplica cuando una persona o entidad no paga una deuda y un tribunal ordena la inmovilización de sus activos para garantizar el pago.
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