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¿Qué derechos tienen las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay?
Las personas cuyos antecedentes se están verificando en Paraguay tienen el derecho a ser informadas sobre la verificación y a dar su consentimiento si es requerido. También tienen derecho a acceder a la información recopilada y a solicitar correcciones si encuentran datos incorrectos. En caso de resultados negativos, se les debe proporcionar información sobre los pasos a seguir y las posibles apelaciones.
¿Qué medidas se toman para proteger la privacidad de los datos biométricos en Paraguay en el proceso de validación de identidad?
En el proceso de validación de identidad que implica datos biométricos, se deben tomar medidas para proteger la privacidad de estos datos. Se utilizan tecnologías seguras y sistemas de almacenamiento adecuados para evitar el acceso no autorizado a la información biométrica.
¿Qué regula la publicidad y promoción en Paraguay en relación con el cumplimiento normativo?
La publicidad y promoción están reguladas por la Ley N° 394/94 y otras regulaciones específicas para proteger a los consumidores.
¿Cuál es la duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay?
La duración de validez típica de un certificado de antecedentes penales en Paraguay puede variar, pero generalmente tiene una validez de seis meses a un año. Los empleadores u otras partes interesadas suelen requerir certificados actualizados para tomar decisiones basadas en la información más reciente.
¿Cuáles son los plazos y procedimientos para notificar al deudor sobre el embargo en Paraguay?
El deudor debe ser notificado del embargo de acuerdo con los procedimientos legales, lo que incluye la presentación de documentos judiciales y notificaciones formales. El plazo para notificar puede variar, pero debe seguir el debido proceso legal.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de Debida Diligencia a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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