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¿Existen programas de mediación familiar en Paraguay para resolver conflictos en casos de familia?
Sí, en Paraguay existen programas de mediación familiar que buscan resolver conflictos y disputas entre las partes en casos de familia, antes de recurrir a litigios judiciales.
¿Cuál es la legislación que regula la validación de identidad en Paraguay?
La validación de identidad en Paraguay está regulada por diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Constitución Nacional, la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y la Ley N° 1.509/99 sobre Registro del Estado Civil de las Personas. Estas leyes establecen las bases para la validación y protección de la identidad de los ciudadanos.
¿Cuál es el enfoque de Paraguay en la regulación de AML en el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios?
En el sector de bienes raíces y agentes inmobiliarios en Paraguay, se aplica una regulación específica de AML para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los agentes inmobiliarios deben realizar la debida diligencia en la identificación de sus clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en relación con KYC en Paraguay?
Los directores y altos ejecutivos de instituciones financieras en Paraguay tienen la responsabilidad de liderar y promover una cultura de cumplimiento de KYC en la organización, asegurando que se sigan las regulaciones y se establezcan políticas adecuadas en toda la institución.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la custodia de los hijos en casos de disputas familiares en Paraguay?
Sí, los antecedentes judiciales pueden ser considerados en casos de disputas familiares en Paraguay, especialmente si están relacionados con conductas que pueden afectar el bienestar de los hijos. Los tribunales pueden tomar decisiones en función de estos antecedentes.
¿Existen diferencias en las regulaciones para personas expuestas en el sector público y privado en Paraguay?
Las regulaciones pueden variar según el sector en el que las personas expuestas ocupan cargos. En el sector público, es probable que las regulaciones sean más específicas, pero en ambos casos, el objetivo principal es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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