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¿Pueden los registros de antecedentes judiciales ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en Paraguay?
En Paraguay, los registros de antecedentes judiciales pueden ser compartidos con otras instituciones gubernamentales en casos específicos y de conformidad con la legislación aplicable, como parte de investigaciones o trámites legales.
¿Se requiere que las instituciones financieras mantengan registros de transacciones en el marco de KYC?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay están obligadas a mantener registros de transacciones durante un período determinado, lo que facilita la supervisión y auditoría por parte de las autoridades reguladoras y SEPRELAD.
¿Cuál es la legislación que regula la validación de identidad en Paraguay?
La validación de identidad en Paraguay está regulada por diversas leyes y regulaciones, incluyendo la Constitución Nacional, la Ley N° 1.626/00 de Identificaciones Personales y la Ley N° 1.509/99 sobre Registro del Estado Civil de las Personas. Estas leyes establecen las bases para la validación y protección de la identidad de los ciudadanos.
¿Qué información deben proporcionar las personas expuestas en sus declaraciones de bienes en Paraguay?
Las personas expuestas en Paraguay deben proporcionar información detallada sobre sus activos, ingresos y otros aspectos financieros en sus declaraciones de bienes. Esto incluye la revelación de propiedades, cuentas bancarias, inversiones y cualquier otra información relevante.
¿Cuál es la diferencia entre la rehabilitación de antecedentes judiciales y la eliminación de registros en Paraguay?
La rehabilitación de antecedentes judiciales en Paraguay implica la reintegración social y legal de una persona con antecedentes, mientras que la eliminación de registros se refiere a la eliminación o sellado de registros específicos en los antecedentes judiciales.
¿Qué legislación rige los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay?
Los acuerdos de mediación en casos de familia en Paraguay están regulados por la Ley 1.878/2001, que establece el marco legal para la mediación en asuntos civiles y de familia.
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