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¿Cuáles son las leyes y regulaciones claves relacionadas con la Debida Diligencia en Paraguay?
En Paraguay, las leyes y regulaciones clave en materia de Debida Diligencia se encuentran en la Ley N° 1015/97 contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, así como en las regulaciones emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). Estas normativas establecen los requisitos y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y otros sujetos obligados.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de Debida Diligencia en el sector de comercio y exportación en Paraguay?
En el sector de comercio y exportación en Paraguay, las empresas deben realizar Debida Diligencia para prevenir actividades ilícitas, como la evasión de impuestos y el contrabando. Esto puede incluir la verificación de la legitimidad de las transacciones comerciales y la identificación de posibles riesgos.
¿Qué medidas adicionales se requieren para clientes extranjeros en Paraguay en el proceso de KYC?
Para clientes extranjeros en Paraguay, las instituciones financieras pueden requerir documentación adicional, como pasaportes, visas y comprobantes de origen de fondos, para cumplir con el KYC y garantizar la debida diligencia debida en la identificación de los clientes.
¿Puede un ciudadano en Paraguay solicitar la corrección de datos incorrectos en su cédula de identidad?
Sí, un ciudadano en Paraguay puede solicitar la corrección de datos incorrectos en su cédula de identidad. Debe presentar la documentación que respalde la corrección ante la DGRECP, que verificará la información antes de realizar la actualización.
¿Puede un cómplice ser condenado si se demuestra que su participación fue bajo coacción, amenaza o temor en Paraguay?
La coacción, amenaza o temor pueden ser considerados como una defensa si se demuestra que el cómplice actuó bajo su influencia y sin su libre voluntad.
¿Qué papel desempeñan los tutores y curadores en el sistema de derecho de familia en Paraguay?
Los tutores y curadores son responsables de proteger y tomar decisiones en nombre de personas que no son capaces de hacerlo por sí mismas, como menores o personas con discapacidad mental. Su papel está regulado por la legislación paraguaya.
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