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¿Qué sanciones pueden enfrentar las instituciones financieras en Paraguay por no cumplir con KYC?
Las instituciones financieras en Paraguay pueden enfrentar sanciones legales y administrativas por no cumplir con KYC, incluyendo multas, la revocación de licencias y posibles acciones legales. Además, pueden sufrir daños a su reputación y pérdida de clientes.
¿Puede un paraguayo abrir un negocio en España como residente?
Sí, los paraguayos residentes en España tienen el derecho de abrir un negocio en el país. Deben cumplir con los requisitos legales y fiscales para la creación de empresas, y existen diferentes estructuras empresariales disponibles.
¿Qué se entiende por "transacciones sospechosas" en el contexto de la Débida Diligencia en Paraguay?
Las "transacciones sospechosas" en Paraguay son aquellas que presentan características o comportamientos inusuales o inesperados que podrían indicar actividades ilegales, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Identificar y reportar estas transacciones es una parte clave de la Debida Diligencia.
¿Cómo se manejan las transacciones sospechosas en Paraguay en el marco de Debida Diligencia?
En Paraguay, las instituciones financieras y otros sujetos obligados deben reportar transacciones sospechosas a SEPRELAD. Existe un proceso específico para presentar estos informes y colaborar en investigaciones posteriores para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué acciones pueden tomar las personas expuestas para garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero?
Las personas expuestas pueden tomar medidas como buscar asesoramiento legal, mantener registros financieros precisos y cumplir de manera proactiva con las regulaciones de prevención del lavado de dinero. La educación y la conciencia sobre las obligaciones son fundamentales para el cumplimiento efectivo.
¿Cuál es el plazo para retener registros laborales en Paraguay?
Los registros laborales en Paraguay generalmente deben ser retenidos durante al menos 5 años, según las regulaciones laborales, para permitir la auditoría y la supervisión por parte de las autoridades competentes.
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