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¿Existe alguna lista oficial de personas expuestas en Paraguay que esté disponible para consulta pública?
En algunos casos, puede haber listas oficiales de personas expuestas disponibles para consulta pública, lo que promueve la transparencia. Sin embargo, estas listas suelen estar sujetas a regulaciones específicas para proteger la privacidad y la seguridad de las personas incluidas.
¿Qué legislación regula los expedientes judiciales en Paraguay?
En Paraguay, la legislación que regula los expedientes judiciales se encuentra principalmente en el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley N° 834/96 de Organización Judicial, y otras leyes y reglamentaciones relacionadas con la administración de justicia. Estas leyes establecen los procedimientos y requisitos para la creación, gestión y acceso a los expedientes judiciales.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información financiera y personal proporcionada por las personas expuestas?
La confidencialidad se garantiza a través de medidas de seguridad, como la encriptación de datos, restricciones de acceso y protocolos de manejo de información. Solo las autoridades competentes tienen acceso a la información, y se aplican sanciones por divulgación no autorizada.
¿Cómo se define el cómplice en la legislación paraguaya?
En la legislación paraguaya, un cómplice es una persona que colabora de manera voluntaria y consciente en la comisión de un delito, contribuyendo de alguna forma a su realización.
¿Pueden las instituciones financieras en Paraguay compartir información de Debida Diligencia entre ellas?
Sí, las instituciones financieras en Paraguay pueden compartir información de Debida Diligencia entre sí para prevenir actividades ilegales. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y la ley aplicable, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la información compartida.
¿Pueden los clientes presentar quejas relacionadas con el proceso de AML en Paraguay?
Sí, los clientes en Paraguay pueden presentar quejas relacionadas con el proceso de AML a las instituciones financieras ya las autoridades regulatorias, en caso de considerar que se han violado sus derechos o que el proceso no se ha llevado a cabo correctamente.
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